Lo negativo de la Reforma Laboral

 

La reforma laboral - Principales críticas y riesgos

1. Aumento sustancial de los costos laborales

• El Consejo de Empresas Americanas (CEA) advierte que los recargos nocturnos desde las 7:00 p.m. suben alrededor del 29,4 %, mientras que los dominicales/festivos podrían llegar al 33 %, especialmente afectando a microempresas que operan con márgenes muy reducidos (≈ 3 %).

• Gremios como ANDI, Fenalco y ACOPI estiman que los incrementos podrían variar entre un 6,8 % y 35 %, dependiendo del sector y tamaño empresarial.

• Fenalco advierte que esto podría desincentivar la contratación formal y elevar los costos operativos de las empresas.
  

  

2. Menor flexibilidad operativa y burocracia

• Se restringe la tercerización y los contratos temporales: contratos a término fijo se convierten automáticamente en indefinidos tras 4 años, y la normativa impone límites adicionales sobre contratos de obra o prestación de servicios.

• Se aumentan las cargas administrativas, incluyendo controles más estrictos, regularización de contratos y nuevas obligaciones formales.

3. Desincentivo a la formalización y riesgo de informalidad

• Alta informalidad laboral en el país (más del 50 %) podría agravarse si los costos laborales formales suben significativamente.

• Portafolio estima que la informalidad podría aumentar del 7 % al 14 %, y el desempleo formal podría crecer entre el 1,7 % y 3,4 %, lo que afectaría la competitividad empresarial.

• En Bogotá se proyecta que un aumento del 1,5 % al 2,2 % en la masa salarial podría traducirse en 18.000 a 27.000 empleos formales perdidos al año.

4. Problemas de sostenibilidad y viabilidad fiscal

• La reforma carece de un análisis financiero claro: no se identifican fuentes de financiamiento ni se cuantifican los costos reales.

• ACOPI señala que el impacto fiscal podría consolidarse en un fuerte riesgo para la regla fiscal, con aumentos en tasas de ejecución presupuestal, menor formalidad laboral y caída en la recaudación tributaria.

5. Tensión institucional e incertidumbre política

• La convocatoria a una consulta popular por decreto generó críticas sobre extralimitaciones del poder ejecutivo y suspensiones desde el Consejo de Estado por falta de atribución legal.

• El Senado rechazó la consulta popular, y hubo denuncias de crisis institucional y desgaste político para el Gobierno.

6. Percepción de intencionalidad política y populismo

• Empresarios y sectores críticos califican la reforma como un instrumento político para presionar mediante una agenda electoral, sin resolver problemas laborales fundamentales.

• Se advierte que la reforma no ataca las causas estructurales de la informalidad —como la educación técnica, productividad o regulación laboral— y corre el riesgo de ser una medida simbólica sin impacto real.

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Resumen en tabla

Problema	Descripción
Costos laborales elevados	Recargos nocturnos y festivos significativos, afectando micro y pequeñas empresas.
Rigidez y burocracia	Contratos más rígidos, carga administrativa elevada.
Informalidad y desempleo	Potencial aumento en empleo informal y despidos.
Fragilidad fiscal	Falta de financiamiento claro y riesgo de presión sobre el presupuesto.
Tensión institucional	Consultas declaradas inconstitucionales y choque con el Congreso.
Motivación política	Críticas de populismo y falta de solución estructural real.

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Conclusión

Aunque la reforma laboral de 2025 introdujo importantes avances en derechos, incluyó también varios desafíos serios:

• Sostenibilidad social y económica: el aumento de costos y la rigidez regulatoria podrían desincentivar la formalización y la contratación.

• Debilidad técnica y financiera: su implementación carece de respaldo económico sólido y genera preocupación institucional.

• Riesgo político: la percepción de un uso instrumental para debilitar a la oposición o ganar popularidad pone en duda su legitimidad.

Este panorama sugiere que, para lograr un equilibrio entre los derechos laborales y la sostenibilidad empresarial, será esencial fortalecer los análisis técnicos, ofrecer medidas compensatorias a las pymes, prever mecanismos flexibles y consolidar consenso institucional.